El Gobierno todavía no encontró reemplazante para el puesto de administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y parece estar lejos de encontrarlo.

La semana pasada renunció el ex titular Juan Martín Monge Varela junto al gerente de operaciones Pablo Pereyra Iraola y el gerente de inversiones Andrés Lubary, alegando que "se habían comprometido a una gestión de sólo doce meses dado que tienen que manejar algunos proyectos personales", según sostienen en la Anses.

Sin embargo, fuentes cercanas al organismo aseguran que el verdadero motivo radica en la negativa de querer vender las acciones del fondo soberano -tal como pidió el FMI en el último acuerdo-, por miedo a quedar involucrados en futuras causas judiciales.

"Si hoy vendes una acción del FGS terminas en Comodoro Py", aseguró a este medio una fuente cercana a la Anses.

Sucede que las pocas ventas realizadas por el fondo soberano han sido muy traumáticas. La primera de ellas, donde la Anses le vende el 11,85% de capital accionario que tenía en Petrobras a Pampa Energía, terminó con una serie de allanamientos a cargo del juez Claudio Bonadío y hasta un reclamo por maniobras fraudulentas por parte de la justicia brasileña.

Tras esa operación, Pampa estaba obligada por ley a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para los accionistas minoritarios. El precio ofertado en la OPA se realizó "bajo la par", es decir que el valor de cotización fue menor que el valor nominal de la acción.

Luego de concretada la operación a unos $10,37 por acción, estas llegaron a superar los $18 ocasionando un perjuicio al Estado por $18.900 millones de pesos, de acuerdo a la denuncia realizada por la diputada Victoria Donda.

Hoy en día el panorama se presenta aún más confuso, con el desplome de las acciones de las principales compañías que cotizan en bolsa a raíz del escándalo de la causa de los cuadernos y la desesperación de inversores extranjeros de huir de la exposición al "riesgo argentino". Los papeles se encuentran muy baratos, y cualquier suba allanaría el camino a una catarata de denuncias.

A esto se agrega que tras una reforma impulsada por el propio Macri, los funcionarios tienen que responder con su propio patrimonio ante posibles causas judiciales e incluso tienen que pagar sus abogados.

Paralelamente, desde la Anses observan continuas operaciones de diversos actores del mercado para acelerar la venta de los activos de empresas privadas en poder del Estado. Entre ellas se destaca el conocido caso de Transener que se intentó volver a privatizar cuando la empresa alcanzó un valor de mercado de 400 millones de dólares y desató una polémica con el radicalismo. Hoy la empresa vale solamente 150 millones, lo que despertó el apetito de diversos grupos económicos, dentro de los que se destaca Perez Companc.

"Es imprescindible que el Gobierno aclare lo que está pasando con el FGS. Dada su posición dominante en muchas de las compañías que operan en bolsa, cualquier maniobra de venta podría afectar seriamente los mercados que de por sí ya están muy débiles", reclama un operador financiero.